Un año de ajuste del gobierno de Milei.
Un año de unidad en la lucha en defensa de la Universidad Pública.
Ha transcurrido un año de la gestión de Milei. Un gobierno que autoproclama estar haciendo “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Las universidades públicas, sus docentes, nodocentes y estudiantes padecieron estas funestas políticas. No fue un fenómeno aislado pues hay sectores que también sufrieron despidos, recortes presupuestarios e incluso cierres en áreas del Estado que cumplen funciones sociales fundamentales o de resguardo del patrimonio y la soberanía nacional. En la actualidad, la lista de organismos desguazados y la nómina de trabajadores echados son enormes; desde Télam que fue cerrada, pasando por el desmantelamiento de Agricultura Familiar, la paralización de los entes de control incluyendo la AGN (que debe auditar las universidades nacionales), de cultura, de derechos humanos, el INADI, las entidades contra las violencias hacia las mujeres y las disidencias, los organismos de ciencia y tecnología como el CONICET y el INTA entre otros.
A poco de asumir, Milei firmó el decreto 70/23 de 366 artículos que habilitó privatizaciones para entregar el Banco Nación, Aerolíneas, YPF, y varias empresas estatales modelo que generan tecnología de punta como Invap o ARSAT. El decreto también incluye la flexibilización laboral (por ahora frenada en la justicia), y la desregulación de todo - normas ambientales, regulaciones aeronáuticas, salud, medicamentos, y, particularmente los precios de los productos de consumo masivo, las tarifas y los alquileres que quedaron sin control. Y para ampliar los alcances del decreto, el gobierno impuso la Ley Bases. Esa ley, con más de 600 artículos, agregó capítulos cuestionados como el RIGI para beneficiar a los monopolios extranjeros. También impuso el blanqueo de capitales de operaciones que evadieron el control tributario, que legaliza el lavado de dinero sin importar la fuente (compraventas ilegales, contrabando, trata, narcotráfico, etc,) y sin registrar los nombres de los declarantes: ya llevan más U$S 32 millones según ARCA hasta diciembre.
Con estas medidas, y una devaluación del 118% del peso frente al dólar norteamericano, el gobierno catapultó la inflación entre diciembre y abril, a los índices más altos desde la salida de la “hiper” en 1991: acumuló 166% en 12 meses.
Las actualizaciones salariales de todos los sectores, quedaron muy por detrás del Índice de Precios al Consumidor. Actualmente, la mayoría de la población asalariada formal está por debajo de la línea de pobreza, y una buena parte, debajo de la línea de indigencia. La pérdida salarial se agudizó entre empleados del Estado. Y más aún en las universidades nacionales.
Frente al 166% de incremento acumulado de precios, los salarios de la docencia de las universidades tuvieron un 79% de actualización en el mejor caso (68% para el cargo inicial después de la actualización de la garantía salarial), por lo que la brecha entre ambos valores es 87% en el mejor caso (98% para el cargo inicial). Es decir que la suba de precios, porcentualmente fue más del doble que la actualización de los salarios. Respecto a los salarios de noviembre de 2023, eso implica una pérdida real de más de un tercio del poder adquisitivo que teníamos antes de que asuma Milei. Sumando las pérdidas, las mismas equivalen a haber cobrado 4 haberes menos en 12 meses.
Además, este deterioro salarial impacta de manera directa en las jubilaciones, en las 30 obras sociales universitarias existentes que están en una situación de quebranto y en todo lo que depende del salario (cajas complementarias, aportes a los comedores universitarios, cuotas gremiales, etcétera)
*De la tragedia a la esperanza*
La docencia universitaria, desde las primeras medidas gubernamentales en diciembre del 2023 hasta la fecha, ha llevado adelante una lucha ejemplar, en unidad, junto al sector nodocente, el movimiento estudiantil y al CIN. La construcción del gran Frente Universitario protagonizó la defensa de la universidad pública y tuvo capacidad de convocar transversalmente a todo el pueblo argentino a ese gran cometido.
La lucha por los salarios, por el presupuesto para garantizar las condiciones de trabajo y estudio, por las becas y medidas de bienestar estudiantil, por las obras sociales, condensó en la lucha por la universidad pública, de calidad y con capacidad de intervenir en la solución de los grandes problemas de nuestro país. Frente al proyecto de ajuste, privatización y vaciamiento que propone el Gobierno Nacional hemos defendido una universidad pública de calidad, inclusiva y al servicio de las grandes mayorías populares.
Fuimos capaces de enfrentar una feroz campaña instrumentada por el gobierno nacional que intenta denostar, vilipendiar y desprestigiar la universidad pública, insultando y despreciando el trabajo de sus docentes y nodocentes. Funcionarios gubernamentales que patotean y agravian el sentido profundo de la universidad pública fueron confrontados con una realidad fundamental: la gran valoración que el pueblo argentino tiene de sus universidades públicas.
Como corolario de las medidas de fuerza y de visibilización, se convocaron a las dos Marchas Federales Universitarias, con acciones en las principales ciudades de todas las provincias y en la capital. En ambas oportunidades, más de un millón y medio de personas se movilizaron en todo el territorio nacional para defender la universidad pública, el presupuesto y los salarios. Estas acciones fueron organizadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales constituido por todas las federaciones gremiales docentes (CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, CTERA y UDA), la Federación nodocente (FATUN), junto a la federación estudiantil (FUA) y las rectoras y los rectores (CIN).
Ante el cierre inminente de las universidades públicas previsto en mayo del 2024 por la falta de fondos para funcionamiento y el pago de servicios, el 23 de abril protagonizamos la primera marcha federal universitaria. Después de 4 meses y medio de un ajuste sin precedentes estimado en 2/3 de recorte real respecto al año anterior, obligamos al Gobierno a retroceder y a actualizar las partidas presupuestarias. La lucha de la comunidad universitaria, en unidad, acompañada por todo el pueblo, permitió salir de la peor asfixia presupuestaria jamás vivida.
La segunda marcha federal se convocó el 2 de octubre. Después de casi 10 meses de congelamiento de los haberes del cargo inicial del nomenclador docente universitario, el gobierno reinstaló la garantía salarial y actualizó su valor, haciendo un pago retroactivo desde abril. Esto permitió reducir la dispersión de los haberes en el nomenclador docente universitario, e introdujo la garantía en el escalafón nodocente.
*El gobierno nacional pone en peligro el normal inicio del año académico 2025*
El veto del Presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la reconducción por decreto del presupuesto 2023 para el año 2025, la negativa a convocar a paritarias libres y sin techos para resolver el retraso salarial de nuestro sector y la aplicación de manera unilateral del 1% de incremento salarial para el mes de diciembre de 2024, sin nada para enero ni febrero de 2025 no hacen sino agudizar el conflicto en las Universidades Públicas. El Gobierno Nacional pone en riesgo el normal funcionamiento del año lectivo 2025.
La experiencia del 2024 nos marcó el camino: La más amplia unidad para enfrentar y derrotar la política de ajuste, asfixia presupuestaria, atraso salarial e intentos de privatización que el gobierno nacional pretende imponer.
La Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU HISTÓRICA ratifica el estado de alerta y sesión permanente con el fin de concretar las acciones que hagan falta para insistir en nuestro derecho a salarios dignos, a una urgente recuperación salarial y a defender la universidad pública.
*Universidad pública, siempre con salarios dignos.*
*Francisca Staiti*, Sec. General
*Oscar Vallejos*, Sec. Adjunto
